Durante la primera mitad de este año, el Senado de la República aprobó en lo general la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con un sólido objetivo: combatir los altos índices delictivos en México vía servicios telefónicos.
De acuerdo con la reforma, se integrará una base de datos donde las personas físicas y morales tendrán que proporcionar los siguientes datos: número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación, nombre completo del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Población del titular de la línea, así como datos biométricos del usuario.
Con base en un argumento que persigue la seguridad de los usuarios en México, los legisladores establecieron que tanto las personas como las empresas deben colaborar con las autoridades gubernamentales y proporcionar información biométrica para registrar sus números celulares.
En este sentido, surge una nueva necesidad por conocer las implicaciones que podría representar esta reforma, donde los datos sensibles pierden grado de privacidad.
Tal como establece la legislación, las compañías deberán recabar datos y entregarlos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sin embargo, existe una preocupación generalizada respecto a los riesgos que corren las compañías que contratan líneas de telefonía celular para sus empleados, con la finalidad de brindarles una herramienta de trabajo: ¿qué pasaría si uno de ellos utiliza la línea que le dieron para cometer un fraude o extorsión? ¿qué implicación tendrá la empresa en la investigación que se inicie por la comisión del delito? ¿es posible involucrar a la empresa en cada uno de los actos jurídicos celebrados por sus colaboradores a través de los equipos de telefonía celular registrados a nombre de la empresa?
Ante un panorama de esta magnitud, la empresa de seguridad privada, Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI) señala que, si bien parece poco probable que un colaborador cometa una llamada de extorsión o de fraude, la experiencia indica que estos casos sí se presentan en la vida real.
“Conocemos casos de empleados que han hecho llamadas de extorsión a sus propios compañeros para tratar de cobrar cheques o retirar dinero en efectivo de las oficinas, aprovechando que conocen las instalaciones o cómo funcionan diversas áreas. En estos casos y de acuerdo a la nueva legislación, la empresa será quien deberá demostrar que no está involucrada en los delitos cometidos por quien usaba la línea registrada con su denominación o razón social”, advierte GMSI.
En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.
Ante los riesgos que esto puede representar, el foco de atención no sólo debe concentrarse en contar con el respaldo de una compañía de seguridad privada de calidad, sino en la mancuerna que se genera en los proceso de reclutamiento y selección de personal.
“Como expertos en selección de personal confiable, sabemos que para poder elegir al candidato adecuado es necesario aplicar una serie de pruebas exhaustivas como entrevistas a profundidad, evaluación de aptitudes profesionales, exámenes psicométricos, exámenes médicos, toxicológicos y más, sin perder de vista que el candidato más adecuado no es necesariamente quien posee la mayor preparación o experiencia, sino quien además cuenta con un perfil psicológico estable, no proviene de entornos violentos o de alto riesgo y comparte los intereses y valores de la empresa”, detalla la empresa de seguridad industrial.
Por ello, antes de entregarle un teléfono móvil a un nuevo integrante de tu empresa, primero verifica la veracidad de sus documentos de identidad y académicos, su carta de antecedentes no penales, así como sus referencias y contactos laborales, de modo que te encuentres seguro y protegido ante cualquier riesgo de extorsión o comisión de un posible delito mediante dispositivos móviles u otras herramientas tecnológicas registradas a nombre de tu compañía.
