Blog

Investigaciones, ideas y noticias sobre innovación abierta.

La innovación en México

por | Ago 25, 2020 | 0 Comentarios

por Dr. Francisco Medina Gómez

Director General

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología – COECYTJAL

 

 

El PND 2019 – 2024 menciona la palabra Ciencia 11 veces, 6 de ellas asociada al nombre del CONACYT. Sin embargo, menciona la palabra Innovación 31 veces y la palabra Tecnología 49 veces. Asimismo, dedica cuatro renglones específicamente a la ciencia, la tecnología e innovación, que se citan a continuación: “El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”.

Es hasta el Anexo 18, página 151, Objetivo 3.3, del mismo PND, que a la letra dice: “Promover la innovación, la competencia, la integración de las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos” que la innovación realmente cobra una importancia mayúscula al ser reconocida como elemento fundamental del desarrollo económico del país. Porque para repartir la riqueza, primero hay que generarla y la experiencia mundial e incluso de México en los últimos 20 años, es que efectivamente la innovación puede hacer crecer la competitividad de las empresas de cualquier tamaño, incrementando sus ventas, capacitando a sus trabajadores, incrementando los sueldos y vinculando al sector académico en un círculo virtuoso de desarrollo económico y social.

El CONACYT se crea en 1970 en pleno periodo de crecimiento estabilizador, basado en una Economía Mixta con Rectoría del Estado y donde el modelo de desarrollo económico era el de Sustitución de Importaciones, abrazado con entusiasmo casi religioso por la CEPAL.  Sin embargo, dicho modelo no promovía el desarrollo de tecnologías propias por parte del sector empresarial, que se dedicó a importar desde la tecnología hasta bienes intermedios, para aprovechar al máximo las bondades de un mercado cautivo que no podía exigir calidad ni servicio al cliente. Este modelo permitió el desarrollo de los grandes consorcios mexicanos, hoy conocidos como Multilatinas, que siguen importando mayoritariamente tecnología, con frecuencia obsoleta, aún cuando tienen toda la capacidad financiera para generar la propia, como lo hicieron los grandes consorcios chaebol coreanos, hoy convertidos en reconocidas marcas mundiales.

Tras el impulso original del Ing Eugenio Méndez Docurro y la realización del primer Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico del Dr Gerardo Bueno Zirión, con una amplia consulta a la comunidad de ciencia y tecnología de ese entonces, y que permitió sentar las bases para que la ciencia y la tecnología, con mucho énfasis en la primera, se convirtieran en un pequeño motor de desarrollo económico y social, mediante la formación masiva de recursos humanos con postgrado, frecuentemente de nivel internacional, y la creación de infraestructura científica y tecnológica que hoy forma la base de los Centros Públicos de Investigación, vino un conjunto de directores generales más de corte político, con notorias excepciones, que cuidaron más las formas que el fondo y descuidaron la vinculación con los sectores productivos y el desarrollo tecnológico nacional.

Paradójicamente, viene la apertura comercial a mansalva con la entrada casi frívola de México al GATT y la consecuente adopción del Modelo Neoliberal, y el sistema mexicano conformado por gobierno, empresas, instituciones de educación superior y centros de investigación no supieron aprovechar los estímulos de una economía abierta para fomentar una comunicación eficaz entre la educación de posgrado, la inversión en infraestructura científica y tecnológica y los instrumentos de política en materia de CTI para crear una vinculación suficiente, eficiente y eficaz para producir un impacto determinante en la cultura emprendedora y las actividades económicas y sociales nacionales.

También, paradójicamente, con el retorno de México a la democracia, el país abraza en el 2000 el Consenso de Washington, donde los presidentes latinoamericanos renuncian a liderar el desarrollo de la ciencia en sus países, dejándola en manos de EUA y del mercado, reconocen la importancia de la transferencia de tecnología, preferentemente de los países desarrollados, como elemento de competitividad e ignoran el relativamente nuevo concepto de la innovación, dejando la puerta abierta para que cada país decida sobre el tema.

Como resultado de este abandono en la Rectoría del Estado en materia de CTI, no se formaron las masas críticas de empresarios innovadores mexicanos que hubiesen hecho posible la reducción de la dependencia tecnológica externa para tomar un propio camino de desarrollo virtuoso, como sí lo han estado logrando desde los años 80 Corea del Sur, Singapur, China y otros países asiáticos.

La innovación es un fenómeno complejo que involucra la acción coordinada de varios agentes económicos y sociales, públicos y privados. Por innovación se entiende, en su sentido más amplio, a la aplicación novedosa de conocimiento científico, tecnológico, comercial, organizacional, y de diseño, orientada a mejorar o generar nuevos productos, servicios, procesos productivos o sistemas de gestión, con el fin de sostener o elevar el perfil competitivo o el desempeño económico de las empresas, las organizaciones sociales o las instituciones y en última instancia impulsar el aumento sostenido del ingreso nacional y del bienestar general.

Cómo concepto, llega al mundo en 1987 para quedarse e integrarse en la triada: ciencia, tecnología, innovación. No obstante, en México aparece hasta mediados de los años 2000, cuando se incorpora en el discurso público, no sin algo de resistencia de la Comunidad Académica, y se crea desde la Secretaría de Economía el PROSOFT. No es sino hasta 2009, cuando surge el PEI de CONACYT.

El Sistema Nacional de Innovación de México es sólo un marco conceptual, desarticulado y curiosamente desmarcado del Manual de Oslo, parte de la Familia Frascatti de lineamientos en materia de CTI que tanto encanta al CONACYT. El diagnóstico breve de este Sistema es el siguiente:

La política pública se diseña desde la oferta, no la demanda. Por eso está condenada mayoritariamente al fracaso.

No se separa la innovación tecnológica empresarial de la innovación social de manera efectiva, generando confusión. Sin embargo, bajo la premisa de que el desarrollo económico conlleva el desarrollo social, ambas están íntimamente ligadas entre sí.

No se mide de manera efectiva la innovación en México: la ESIDET de INEGI está mal diseñada y peor ejecutada y los resultados son tan extemporáneos que no sirven como mecanismo de evaluación de los instrumentos de política. El INEGI se rehúsa a hacer las cosas diferentes y le imprime un sesgo inaceptable para algunas áreas de la economía, como las TICs donde reporta 70 millones de dólares de exportación de servicios, por debajo de Costa Rica, cuando en Guadalajara hay varias empresas que exportan, por sí solas, más que esa cantidad.

En México hay traslapes entre las dos entidades asociadas a la innovación: SE y CONACYT, las cuales se coordinan en lo básico, pero no en lo sustantivo. Como muestra, el botón de los instrumentos de política más recientes:

Dos instrumentos básicos: PROSOFT/SE y PEI/CONACYT, ambos muy exitosos y ambos terminados por la anterior y la presente administración. Si algo funciona hay que extinguirlo.

Dos instrumentos secundarios: FIT/SE-CONACYT, FINNOVA SE, con impacto más reducido e interrogantes respecto a su futuro y en proceso de rediseño.

Un advenedizo, el INADEM, plagado de inconsistencias, favoritismos clientelares y marcada corrupción.

Un sorprendente sobreviviente: EFIDT, los estímulos fiscales que paradójicamente apoyan a las grandes empresas y en especial a las multinacionales, que son las que sí pagan impuestos.

Un zombie: PROSOFT-FINNOVA/SE, el muerto viviente que quedó de la extinción del PROSOFT original, con reglas de operación muy complejas, diseñadas para coartar su eficiencia y eficacia.

El CONACYT cumple 50 años de vida, durante los cuales México ha atravesado dos etapas muy distintas de su desarrollo, pero sin un impacto decidido en la innovación. La primera, de 1970 a 1982, de crecimiento estabilizador, con un rápido incremento de la infraestructura, la industria y el sector energético, apoyados en la transferencia de tecnología del exterior, con algo de concurso nacional, en especial en ingeniería básica y de detalle, pero que lamentable y consistentemente terminó cada sexenio en crisis de la balanza de pagos, un alto endeudamiento y devaluaciones del peso.

El segundo periodo, de 1983 a 2018, fue de un estancamiento estabilizador, durante el cual México tuvo un mediocre crecimiento promedio del PIB del 2.3 por ciento anual, un estancamiento en el ingreso por habitante, un marcado fracaso en la disminución de la pobreza y un aumento inaceptable en los ya tradicionales niveles de desigualdad del ingreso y el reparto más equitativo de la riqueza para mejorar los niveles de bienestar social. Lamentablemente, en 1994 el sexenio terminó también en crisis de la balanza de pagos, un alto endeudamiento y devaluaciones del peso. Lecciones no aprendidas.

Más importante que los modelos de desarrollo económico, son los agentes públicos y privados desarticulados, la carencia de una visión de largo plazo indispensable para el sector CTI, el mal diseño de los instrumentos de política, en especial de su gobernanza y la falta de continuidad de los servidores públicos que los instrumentan, lo que explica el fracaso del fomento a la innovación mexicana.

La comunidad CTI argumenta, y no sin algo de razón, que este fracaso se debe a que el país nunca alcanzó la meta de dedicar a la CTI el 1.0 por ciento del PIB, que desde Fox quedó plasmada como una obligación constitucional, pero  que nunca rebasó un raquítico 0.5 frente a los esfuerzos de los demás países de la OCDE de alcanzar el 2.0 a 3.0 por ciento del PIB, ni hubo continuidad, consistencia o estabilidad en la asignación de recursos, que es clave en cualquier planeación exitosa en materia de CTI. Sin embargo, lo importante no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Al principio de la administración anterior, el CONACYT recibió los mayores presupuestos de su historia, que acabaron en un dispendio enorme de recursos y decenas de elefantes blancos regados por todo el país en forma de sucursales de los Centros CONACYT, parques supuestamente dedicados a la CTI, museos de ciencia y tecnología y planetarios inacabados.

La realidad es que el modelo de desarrollo neoliberal adoptado a partir de los años 90 con el TLCAN y la marcada obsesión de la SHCP por lograr una estabilidad financiera que tampoco se logró, acabó concretándose en el desarrollo de exportaciones, fundamentalmente a EUA, con mínimo valor agregado nacional, salarios bajos y el predominio de la inversión extranjera directa que propició la transferencia de tecnologías extranjeras. Sin una política industrial, una banca patéticamente inoperante, tanto la de desarrollo como la comercial, un total desconocimiento de cómo aprovechar el mercado interno en un país de más de un centenar de millones de habitantes y una falta de visión del desarrollo regional basado en las vocaciones naturales de cada región, la economía mexicana no demandó un esfuerzo propio de desarrollo tecnológico e innovación, ni de protección y fomento a la propiedad intelectual con patentes, modelos de invención, diseños industriales y hasta marcas nacionales propias.

Tampoco se utilizó la demanda del sector público y de las grandes empresas nacionales para fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación para resolver los grandes problemas sociales nacionales (educación, salud, seguridad, movilidad, vivienda, etc.). En el caso específico de la innovación, los instrumentos de política y los incentivos fueron diseñados del lado de la oferta y su impacto fue bajo y errático. Los casos de éxito se convirtieron en anecdóticos. El sector privado nacional no tuvo un interés particular de invertir en tecnología e innovación, salvo casos excepcionales que se dieron en algunas regiones del país y con un fuerte protagonismo de la inversión extranjera directa en sectores muy marcados de la economía del conocimiento.

En 2001, Jalisco, cuya capital Guadalajara se autodenominaba ya como el Valle del Silicio Mexicano por su industria de manufactura electrónica, vio con enorme preocupación como miles de empleos se perdían en la industria manufacturera, por el ingreso de China a la OMC. México se había convertido de facto en un gigante manufacturero, pero a costa de tecnología extranjera. Un puñado de directivos de las empresas multinacionales asentadas en Guadalajara, junto con el Gobierno Estatal, diseñaron una estrategia de reconversión industrial y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, TICs, con el propósito de generar mayor valor agregado, impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en un sector que crecía prominentemente y convencer a sus corporativos en EUA de que la ingeniería mexicana tenía la misma capacidad que la de la India, con la ventaja de la cercanía geográfica (nearshore) y cultural.

El Gobierno Estatal lanzó así su Política Jalisciense de Tecnologías de Información, Diseño de Microelectrónica y Multimedia (hoy conocida como Industrias Creativas), TIMEMU, diseñada desde la demanda, que logró reconvertir a Guadalajara en un Ecosistema de Alta Tecnología. Al mismo tiempo, Jalisco repudió el Consenso de Washington en materia de CTI, y apoyándose en su nueva Ley Estatal de Fomento a la CTI, la primera en el país, y en su Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, crea un Fideicomiso estatal, el FOCYTJAL, que hasta la fecha sigue siendo el mayor fondo estatal de fomento a la CTI en México.

Poca gente en el país se dio cuenta, ya que el INEGI no sabe ni le interesa medir a este sector y la ESIDET no lo tomó tampoco muy en serio, pero la Secretaría de Economía, SE, se percató del diseño de la Política Jalisciense de TIMEMU y en un país de facto muy centralista y sin política industrial, creó con la ayuda de Jalisco el Programa de Fomento a la Industria de las Tecnologías de Información, PROSOFT, sin lugar a dudas el instrumento de política industrial sectorial más exitoso de la historia. Gracias a la visión y la insistencia de Jalisco, el PROSOFT fue diseñado para que participaran directamente los estados, aportando fondos propios, los cuales serían duplicados con las aportaciones del Gobierno Federal. Así, Jalisco lideró el PROSOFT desde su inicio hasta el 2013, llegando a invertir en el 2011, 180 millones de pesos propios, los cuales fueron duplicados por la Federación.

Estos fondos se caracterizaron por su extraordinaria gobernanza, su seguimiento estricto por parte de los Gobiernos Estatales y Federal, su evaluación continua y su evolución a la par de la industria a la cual debería servir. Así, Jalisco se enfocó primero a la formación acelerada de recursos humanos especializados en programas diseñados por la industria para la industria, seguido de programas de habilitación empresarial, para impulsar una cultura de innovación en las MiPyMES del sector TICs, para luego evolucionar hacia una infraestructura ad hoc, el Centro de Software, rentado, no construido, y finalmente, ante la hostilidad de la SHCP a los subsidios a la industria de TICs, creando la modalidad de Usuarios PROSOFT, donde los subsidios se trasladaron a los clientes de la industria, impulsando de manera indirecta la innovación en los sectores tradicionales de Jalisco al adoptar las TICs en sus procesos productivos, la hoy conocida como Transformación Digital. PROSOFT Usuarios resultó en el desarrollo de nuevos productos que tuvieron un impacto equivalente a 50 millones de dólares adicionales en ventas, el 75% de todo el impacto a nivel nacional.

El PROSOFT fue tan flexible que en el caso de Jalisco se utilizó también para atraer inversiones en materia de CTI, las cuales resultaron en el establecimiento en Guadalajara de los Centros de I&D+i de INTEL, CONTINENTAL AG, ORACLE Y BOSCH que hoy en día cuentan con alrededor de 4,300 empleados dedicados exclusivamente a actividades de I&D+i, con los sueldos mejor pagados de todo el Estado. Con una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares del PROSOFT y del PEI se atrajeron 700 millones de dólares de IED, con una derrama económica superior a los 3,000 millones de dólares. Simplemente, la nómina de las cuatro empresas citadas supera los 450 millones de dólares anualmente.

Todo el PROSOFT generó poco más de 800 millones de dólares de inversión en el sector de TICs, microelectrónica e industrias creativas, incluyendo a las empresas PyMES de Jalisco y creó poco más de 29,000 nuevos empleos con alta en el IMSS que hoy en día han crecido a 57,000 empleos con un salario promedio superior a los 46,000 pesos mensuales. Se calcula que hay más de 12,000 posiciones abiertas en la industria, que no han podido ser llenadas por falta de talento humano. Las universidades son muy lentas en la formación de ingenieros y cuando estos se gradúan tienen que pasar de 6 a 9 meses en capacitación en las empresas, porque su formación es inadecuada. Este sector no requiere de posgrados, sino de especializaciones rápidas, muchas veces dirigidas a reconvertir el recurso humano a las necesidades reales de la industria.

Jalisco creó, prácticamente de la nada, un nuevo sector de la economía estatal que hoy representa aproximadamente el 1.8 % del PIB estatal, gracias a su política pública de fomento a la innovación. No hay sector más democrático en la repartición de la riqueza que el sector TICs, de acuerdo al Coeficiente de Gini. Para casos de éxito está la India, que gracias a las TICs ha logrado sacar de la pobreza a 300 millones de personas en los últimos treinta años. Jalisco se catapultó en sólo dos años al segundo lugar nacional en número de habitantes en el Sector Socioeconómico A/B, gracias al empleo generado por las TICs y su derrama económica en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El éxito del PROSOFT motivó a CONACYT a lanzar en el 2009 el Programa de Estímulos a la Innovación, PEI, también con el apoyo de Jalisco, en buena medida para no quedarse atrás en materia de innovación con respecto a la Secretaría de Economía, SE, cabeza de sector en innovación en esos años. Nuevamente, el diseño de este instrumento de política se hizo originalmente desde la demanda, con un buen modelo de gobernanza, pero sin la coparticipación en aportaciones de las entidades federativas. Jalisco creó, en un momento dado, un Programa Espejo del PEI, el cual apoyó con fondos estatales a los proyectos de Jalisco que, a pesar de contar con una excelente evaluación, quedaban fuera en la repartición de las bolsas estatales. Fue el único estado que tuvo esta visión y que además exigió la creación de empleos como resultado de cada proyecto del PEI. Así, Jalisco obtuvo poco más de 1,500 empleos altamente especializados, así como la incorporación de maestros y doctores a la industria.

Se habla mucho de corrupción en el PEI y se critican los apoyos al sector privado. Hasta el 2012 inclusive, la gobernanza del PEI fue adecuada, pero los controles se empezaron a relajar y a partir del 2015 se empezó a caer en la discrecionalidad y los excesos que caracterizaron a la administración federal anterior. Aun así, en varios estados se mantuvo el espíritu original del PEI y el impacto económico, aunque no fue bien documentado, fue por demás positivo, sobre todo para las MiPyMES, beneficiarias mayoritarias del PEI.

Jalisco tiene la enorme ventaja de haber documentado todo este proceso y por tanto tiene más información sobre el impacto de la innovación en el desarrollo económico y social del propio estado que la misma Federación del resto del país. Con alrededor de 1,000 millones de pesos de aportación estatal en el periodo 2001-2012, Jalisco obtuvo casi 3,000 millones de pesos de la Federación y más de 10,000 millones de pesos del sector privado, es decir, más de mil millones de dólares de 2012, canalizados a CTI.

Si bien el mayor impacto fue en el sector de TICs, gracias al PEI se logró también fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en biotecnología aplicada al sector agroindustrial y a la salud, así como al sector biomédico, la industria tequilera y de alimentos, la industria mueblera, el Consorcio de la Moda y otros sectores manufactureros tradicionales del estado.

Jalisco cuenta, además, con un conjunto de instrumentos de política, notoriamente en materia de Propiedad Intelectual, muy orientados a la Transferencia de Tecnología, que han logrado ir cambiando la mentalidad de universidades y centros de investigación con respecto a la innovación, abriendo la puerta para que los investigadores se puedan convertir en empresarios, llevando efectivamente la Ciencia al Mercado. Todo esto es sin menoscabo del fomento a la investigación científica, por medio del FODECIJAL, Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco para atender los grandes retos sociales del estado y el mayor fondo del país para difusión y divulgación de la CTI.

En otros estados hay también casos exitosos de aplicación del PEI y del PROSOFT y políticas públicas estatales que han fomentado la innovación local. Por ejemplo, Nuevo León con sus clústeres empresariales y Guanajuato con su Puerto Interior y su apoyo a la logística del sector automotriz. En Nuevo León hay además un fuerte liderazgo en materia de innovación por parte de los grandes grupos nacionales, la mayoría de los cuales cuentan con centros de I&d+i propios y personal dedicado a estas actividades. En Guanajuato el liderazgo lo tiene en buena medida la industria automotriz, que al igual que la electrónica en Jalisco es de origen extranjero, pero se caracteriza también por un fuerte espíritu emprendedor por parte de sus investigadores, en especial en el área de biotecnología.

Ni el PROSOFT ni el PEI subsisten en la actualidad, pero tampoco han sido suplantados con instrumentos de fomento a la innovación diseñados desde la demanda. Los fondos de CONACYT se han dirigido mayoritariamente a IES y Centros Públicos de Investigación, principalmente los del propio CONACYT. Por eso se requiere un capítulo dedicado a la innovación en la nueva Ley General de CTI, que cumpla con los siguientes lineamientos básicos:

  • Reconocer que son las empresas de todos los tamaños y sin importar el origen de su capital, el eje principal del nuevo Sistema Nacional de Innovación
  • Reconocer las vocaciones empresariales de cada región y asignarles una prioridad específica. En un país donde todo es prioritario, nada es importante
  • Generar modelos de gobernanza reales y sin ideologías, para evitar caer en las corruptelas y excesos del pasado, con la coparticipación de los gobiernos estatales
  • Formar recursos humanos de alto nivel, escolarizados y no escolarizados, de acuerdo con las necesidades de la industria, al margen de las capacidades académicas y de los grados tradicionales
  • Diseñar políticas públicas y sus instrumentos, de largo plazo que permitan alcanzar objetivos estratégicos regionales
  • Flexibilizar la transferencia de tecnología y conocimiento del sector académico al sector productivo, facilitando incluso que los investigadores que así lo deseen puedan transitar a empresarios, fundando empresas de base tecnológica
  • Promover la vinculación academia empresa en todos los instrumentos de política, creando una cultura de trabajo en equipo y colaboración
  • Generar nuevos esquemas de financiamiento a la innovación, al margen de la banca de desarrollo y la banca comercial, que minimicen el riesgo y contemplen la posibilidad de fracasar
  • Evaluar periódicamente el impacto de las políticas públicas en el desarrollo económico y social de las entidades federativas. Medir para mejorar

 

El Sistema Nacional de Innovación se encuentra actualmente en un predicamento. Puede reinventarse y dar un salto cuántico para que la innovación se convierta en el motor del desarrollo económico y social que le permita a México crecer a tasas superiores al 5% anual, con un desarrollo incluyente y una aportación a la solución de los grandes problemas nacionales, o quedarse en el pasado, rumiando los fracasos de los últimos cinco gobiernos y reclamando un milagro económico que nunca fue, un Mexican Moment que duró un nanosegundo, a pesar de todos los recursos asignados, la innegable formación de recursos humanos talentosos y la creación de universidades y centros de investigación. La nueva Ley General de CTI es la oportunidad histórica para proveer el trampolín que se requiere para dar ese salto.